LOS PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN.

            Las transiciones hacia los gobiernos democráticos comienzan a darse a finales de 1970 y tiene una primera etapa en la que se celebran elecciones en Ecuador, Perú, Honduras y Bolivia; y una segunda etapa iniciada por el derrumbe de la dictadura militar argentina y seguida por Uruguay y Brasil ya la terminar la década por Chile y Paraguay. En muchos países se dieron transiciones o “tibias democracias” en las que los ciudadanos se dividían entre los ansiosos por participar y los temerosos de hacerlo[1].

            Si bien existen factores nacionales y factores comunes, como son el cambio en la postura estadounidense que abandonó el apoyo a las dictaduras y pasó a sostener los gobiernos democráticos; el fracaso económico de las dictaduras les quitó posibilidad de volver al poder; por parte de los actores nacionales existió la necesidad de respetar el sistema democrático[2].

Pero la mayoría de los gobiernos democráticos fueron incapaces de encontrar alternativas que dieran bienestar a la mayor parte de la población en medio de la crisis. La situación en que se daba el retorno a la democracia no era la mejor, crisis económica, deuda externa, desempleo, pobreza y miseria.

 

Algunas posibles explicaciones a las transiciones a las democracias:

-        Aquellos ciudadanos que habían apoyado la dictadura tomaron conciencia de que no eran la solución a los problemas económicos.

-        La población que deseaba de participación sólo los encontraría en la democracia.

-        La mayor participación de los organismos de Derechos Humanos.

-        Los partidos políticos buscaron la reorganización del sistema de partidos.

-        Los acreedores y sus países necesitaban cobrar las deudas que las dictaduras no podrían pagar.

 

Se plantea una discusión respecto a si son “gobiernos democráticos” o “transiciones a la democracia”. En las transiciones sólo algunos de los ciudadanos pueden ejercitar sus derechos[3]. No siempre se cumplieron las condiciones de una democracia formal, se dan casos de intromisión del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes, restricciones a la libertad de opinión, falta de control ciudadano sobre el gobierno, corrupción.

Tampoco se cumplían las reglas de la democracia “sustancial”: igualdad de oportunidades, derecho de los trabajadores, viviendas dignas, educación, salud, justicia.

En Chile existió una democracia tutelada[4] y los ciudadanos consideraban imposible cambiar la constitución que permitía a Augusto Pinochet ser senador vitalicio.

 

Los nuevos gobiernos intentaron enfriar el entusiasmo participativo de la ciudadanía, estaba en juego la “gobernabilidad”, se gobierna más fácil donde la gente participa menos, porque no controla ni exige. Estos gobiernos se transformaron en “democracias de baja intensidad” concordando con la “Doctrina de la democracia controlada” propuesta por el presidente norteamericano James Carter; cuanto más democrático más posibilidades de ser perjudicados. Los gobiernos que llegaron al poder se posicionaron detrás de las políticas de Washington aceptando los postulados neoliberales. Los partidos políticos pierden credibilidad, pero también los sindicatos pierden afiliados como consecuencia directa de la desindustrialización.

EN 1988 se redacta el documento Santa Fe II en el que Estados Unidos señala su preocupación por los conflictos de baja intensidad[5], ya que no era fuerte a la hora de enfrentar las campañas de desinformación, el terrorismo o la subversión.

La política de intervencionismo norteamericano se profundizó durante 1992 a partir de la legalización de secuestros en el exterior de personas buscadas por su justicia. El vínculo que había establecido con las dictaduras latinoamericanas continúo existiendo con los gobiernos democráticos.

 

Pero por otra parte, las sociedades que comenzaban a vivir en democracia se preguntaban sobre el pasado reciente, la información fue difundida por los organismos de Derechos Humanos. Según Hartlyn y Valenzuela (1994) los gobiernos democráticos se encontraron con la dificultad de buscar el equilibrio entre el derecho a la verdad y el castigo a los responsables, y la amenaza a la estabilidad democrática por parte de los militares desacreditados. En muchos países los militares aprobaron leyes que los protegían a través de amnistías. En Uruguay, mediante la amnistía quedaban impunes los crímenes cometidos por los militares y policías en el marco de la dictadura. A pesar de la oposición de buena parte de la ciudadanía en 1989 la “Ley de Caducidad” fue ratificada

 

En Argentina, durante la presidencia de Raúl Alfonsín  (1983-1989) se revocó el decreto de “autoamnistía” implantado por los militares; pero muchos delitos no se pudieron juzgar porque en el Código Penal no estaban contemplados. En Uruguay a pesar de la Ley de Caducidad, un 72% de los uruguayos considera que debe investigarse el destino de los desaparecidos, y dos tercios piensan que también sería bueno saber quienes fueron los responsables[6].

 

Estados Unidos ejercía sobre América Latina un control ideológico y económico, aunque la intensidad del mismo dependía de si el gobierno de turno era republicano o demócrata.

Gran Bretaña y Estados Unidos sufrieron durante los ’80 una revolución conservadora que dejo de lado el Estado de bienestar. Los economistas sostuvieron la doctrina neoliberal: el retorno al libre mercado sin restricciones (desregular y privatizar las empresas públicas).

 

Los países latinoamericanos contrajeron una enorme deuda externa que debido al ofrecimiento de los capitales existentes en los centros financieros; esta deuda aumentó durante las transiciones. Condicionados por los organismos internacionales debieron aplicar las medidas neoliberales, desinflación, desregularización y desestatización, estas medidas eran recomendadas por el FMI (Fondo  Monetario Internacional); lo que provocó el desmantelamiento de los estados.

 

Los gobiernos latinoamericanos consideraban necesario reconvertir la producción para fabricar productos exportables, siguiendo el ejemplo de países asiáticos; mientras que desde el exterior se afirmaba la necesidad de incentivar el establecimiento de las transnacionales. Un ejemplo concretó es lo sucedido en México con las plantas “maquiladoras” en las que se trabajan con materias primas importadas y exportan toda la producción al país de origen; en realidad benefician casi únicamente a las empresas extranjeras, que al pagar menores sueldos, ahorran millones de dólares anuales. Se pusieron en marcha el Plan Baker (1988) y el Plan Brady  (1989), para ayudar a los países del Tercer Mundo. Sólo sirvieron para aumentar la brecha entre ricos y pobres, el estancamiento y la recesión económica llevó a los analistas a calificar a estos años como la “década perdida”.


[1] GALLEGO, M.- EGGERS-BRASS, T.- GIL, F. “Historia Latinoamericana 1700-2005”. Ed. MAIPUE. Buenos aires. 2006.

[2] ARÓSTEGUI, J.- BUCHRUCKER, C.- SABORIDO, J. “EL MUNDO CONTEMPORÁNEO: historia y problemas”. Ed. BIBLOS. Argentina. 2001

[3] GALLEGO, M.- EGGERS-BRASS, T.- GIL, F. “Historia Latinoamericana 1700-2005”. Ed. MAIPUE. Buenos aires. 2006.

[4] Ídem.

[5] Ídem

[6] GALLEGO, M.- EGGERS-BRASS, T.- GIL, F. “Historia Latinoamericana 1700-2005”. Ed. MAIPUE. Buenos aires. 2006.

 

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