El Batllismo

ImageEn los primeros años del siglo XX el Uruguay era una comunidad dividida por dos partidos políticos; el triunfo colorado en la guerra civil de 1904 había finalizado con la política de coparticipación, consolido el poder central, y unifico política y administrativamente el país.

José Batlle y Ordóñez, de acuerdo con sus ideas, realizo una política de gobierno excluyente de la participación política opositora. Esto se debía tanto a razones políticas como ideológicas; entre ellas la intolerancia por el partido rival y su convencimiento de que para desarrollar su programa debía hacerlo con hombres de su misma ideología política.

Primera presidencia (1903-1907).

            Durante  el período el mayor esfuerzo se realizó para vencer a los blancos en la guerra civil y consolidar la autoridad del poder central.

            En el plano económico, el Poder Ejecutivo autorizó a la Asamblea General a contratar el empréstito de Vialidad y Obras Públicas con destino a la construcción y mejora de los caminos de la campaña, así se estableció el trazado de los caminos nacionales paralelos a las vías férreas extranjeras. Se buscó favorecer el desarrollo de la industria nacional y disminuir la dependencia exterior a través de la intención de creación del estanco del alcohol (1906) y la aprobación de una ley que favorecía la plantación de remolacha y la producción de azúcar; también se  eximió de impuestos a la importación de maquinaria textil.

 

            En el plano financiero, existía el deseo de lograr paulatinamente la independencia del financiamiento inglés, repatriando progresivamente nuestros títulos y colocando algunas deudas en París, esto era posible por el un leve enriquecimiento del país.

            En cuanto al aspecto educativo fue creada la Facultad de Comercio (1903) y la Facultad de Agronomía y Veterinaria (1907), se trataba de tecnificar el comercio y el agro. Con el mismo criterio se proyectó la construcción de diez liceos departamentales, el objetivo era crear una cultura media no universitaria, se intentaba combatir la tendencia a seguir las carreras de abogacía y medicina. Paralelamente, se ampliaron los recursos edilicios destinados a la enseñanza.

            En el plano social, se observaba un incremento del movimiento obrero correspondiente al crecimiento y diversificación de las industrias, y además  a la penetración de la ideología anarquista que permitió la organización en gremios o sindicatos. Los obreros hicieron sentir mediante numerosas huelgas sus reclamos de mejoras salariales y disminución de la jornada laboral (1905). La ley de residencia argentina provocó la llegada a Montevideo de muchos sindicalistas anarquistas.

            En este periodo presidencial empiezan a manifestarse las ideas filosófico-racionales de Batlle y Ordóñez, partidario del racionalismo espiritualista era contrario a las religiones reveladas, especialmente al catolicismo. Se tomaron algunas medidas que expresan esta posición: la inspección de los Conventos y un proyecto de ley respecto al divorcio. La moral católica no admitía el divorcio hizo un petitorio ante la Asamblea para que responsabilizara al gobierno de Batlle de una medida considerada destructora de la familia. Al año siguiente el gobierno ordenó el retiro de las imágenes religiosas en los hospitales públicos; y también se presentó un proyecto en 1906 para eliminar la pena de muerte.

Presidencia de Claudio Williman (1907 – 1911).

            Al término de su gobierno Batlle emprendió un viaje a Europa que duró cuatro años, convencido de que su presencia en el país podía afectar al nuevo gobierno y que Williman no era una amenaza para su autoridad como Jefe del Partido y que no se opondría una nueva candidatura presidencial suya.

            El gobierno de Williman fue una pausa a la política batllista, fue apoyado por las clases conservadoras que lo veían como un “moderado”. El gobierno fue austero, realizando una buena administración, control de los gastos públicos. Durante este periodo se dictaron las leyes electorales de 1907 y 1910 para evitar que los blancos continuaran absteniéndose de votar e intentaran una nueva revolución; pero estas medidas no evitaron la insatisfacción de los blancos, lo que sumado a la candidatura de Batlle para las próximas elecciones, desembocó el levantamiento armado liderado por Basilio Muñoz en octubre de 1910. Pero las carencias de los revolucionarios llevaron que pronto se firmará un acuerdo de paz.

            Entre las realizaciones del gobierno se encuentra la instalación de la Alta Corte de Justicia, la realización del censo de 1908, la inauguración y nacionalización del Puerto de Montevideo, la adquisición de la compañía telegráfica, la ampliación de puentes y caminos, reorganización de los Ministerios, superávit presupuestal debido a la prosperidad económica del país y a una buena administración de los recursos.

            En el ámbito social fuero inexistentes las iniciativas del gobierno y además se ordenó a la Policía detener las huelgas, se realizó un estricto control de la acción sindical y se deportaron numerosos anarquistas argentinos.

Se sancionaron los proyectos de ley referentes al divorcio (1907) y la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas (1909).

Segunda presidencia de Batlle y Ordóñez (1911 – 1915).

            Sin dudas que durante su estadía en una Europa que se transformaba social y económicamente influyó en su ideología; probablemente consideró que los problemas que se daban en las potencias del viejo continente podían ser evitadas un país joven como Uruguay, donde las clases sociales recién estaban en formación.

            La filosofía de Batlle era una concepción humanitarista, que negaba la violencia y la revolución; concebía al hombre capaz de realizar todos los cambios sociales dentro de una estructura liberal y democrática. Batlle no aceptaba ningún determinismo sobre el hombre, menos el económico de las teorías socialistas. Sostenía que el hombre es libre y hace la historia de acuerdo con sus ideas.

            Buscaba la justicia social, concepto desarrollado por pocos estadistas en ese momento, negaba la lucha de clases y la identificación de las clases con un partido político, y entendía que el Estado debía actuar como árbitro y componedor en las disputas que el progreso económico podía traer consigo. De allí la copiosa legislación social y laboral en beneficio de las clases trabajadoras.

            Para Batlle el sufragio universal era el camino hacia la justicia, a eso se debe su iniciativa para extender la ciudadanía a mujeres e inmigrantes con residencia; así entendido el sufragio, la organización política debía completarse con las reforma del Estado y en el Partido. En el Estado procediendo a la creación de un Ejecutivo Colegiado que alejara el peligro de una dictadura personal.

Para que la democracia fuera una realidad, Batlle, estimaba la necesidad de que el ciudadano fuera instruido e interviniera en la vida pública. Entonces el Partido debería instruir y controlaría a sus hombres sobre lo que debían hacer; serían actividades de la voluntad popular.

             Batlle consideró vital el intervencionismo económico desarrollado por el Estado: la nacionalización del crédito y los seguros; el proteccionismo aduanero para analizar y estimular la industria.

Las críticas del programa de Batlle y Ordóñez: parece evidente que la intención fue la de crear un país de clase media, donde predominara el pequeño propietario, liberal y abierto a las nuevas ideas. Por otra parte no valoró suficientemente la gravedad del problema de la tierra en un país con economía ganadera. Confió en que la extensión de la educación y el sufragio universal eran remedios infalibles para los males sociales. Como representante del liberalismo, le dio enorme importancia al problema de la organización política de la sociedad.

Elección de Batlle.

            En febrero de 1910 se conocía la noticia sobre la nueva candidatura de José Batlle y Ordóñez para la presidencia en el período 1911-1915. El 1º de marzo de 1911 fue electo presidente por la unanimidad de la Asamblea General, al realizar el juramento oficial de asunción del cargo, en el cual se mencionaba a Dios y los Santos Evangelios, agregó la siguiente frase que demostraba sus convicciones:

“Permitidme que, llenando el requisito constitucional, para mí sin valor, a que acabo de dar cumplimiento, exprese en otra forma el compromiso solemne que contraigo en este instante: Juro por mi honor de hombre y ciudadano…”

La obra social:

  • Ley de 8 horas.  La ley definitiva fue sancionada el 17 de noviembre de 1915, bajo la presidencia de Feliciano Viera; recogía lo esencial del proyecto de Batlle con algunas pequeñas modificaciones: un día de descanso cada 7, y máximo de 48 horas semanales de trabajo.
  • Ley sobre prevención de accidentes de trabajo. Esta ley fue sancionada en 1920, se encomendaba vigilar a las distintas industrias para evitar accidentes de trabajo, se completó con el pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo.
  • Proyecto de ley sobre pensiones a la vejez. Se establecía que toda persona mayor a 65 años, y de cualquier edad en caso de invalidez absoluta, que se encontrara en la indigencia tenía el derecho a recibir una pensión mensual. Recién se convirtió en ley en 1919.
  • Proyecto de ley sobre diversos problemas de trabajo. Hacía referencia, entre otros, a todas las cláusulas del contrato de trabajo relativas a los salarios, jornada obrera, y reglamento de taller, la jornada obrera no excedería de 50 horas semanales en la ciudad, ni de 60 en el campo; se implantaría la “semana inglesa” (descanso a partir del mediodía del sábado y todo el domingo; cada seis meses los obreros tendrían una semana de descanso; los menores de 14 no podrían trabajar; sería obligatorio el seguro para todos los obreros.
  • Proyecto de ley sobre indemnización por despido. Se establecía que el empleado despedido que hubiera servido dos años tenía derecho a algunos días de sueldo como compensación; si había trabajado más tiempo, un mes de sueldo cada dos años de trabajo; y el patrón debía dar un preaviso de dos meses antes de efectuar el despido.

La obra en lo económico: estatismo y nacionalización.

El principio ideológico era que los servicios públicos esenciales debían estar en manos del Estado, ya que éste era el organismo representativo de la sociedad, de todas las clases sociales, y estaba por encima de sus luchas.

Pero fueron extremadamente difíciles las nacionalizaciones, como las de los seguros, y las expropiaciones, fracasaron los estancos de alcohol y de tabaco, el proyecto del Frigorífico Nacional fue diferido, y sólo se logró éxito en relación al Banco Hipotecario.

Es que el capital extranjero residente en el país era muy poderoso.

  • Estatización del Banco de la República. En la carta orgánica fundacional del Banco (1886) se establecía su capital en 10 millones de pesos: 5 los ponía el Estado y los otros 5 a disposición de particulares que quisieran integrarlos. Esta segunda serie de acciones nunca fue vendida. Se establecieron las siguientes modificaciones: elevar el capital bancario de 10 a 20 millones de pesos; integrarlo con el capital ya existente; la emisión de papel moneda podía llegar al triple del capital existente, pero manteniendo siempre una reserva en oro de por lo menos el 40% de esta emisión. Al año siguiente, en 1912, se completa la estatización.
  • Estatización del Banco Hipotecario (1912). Luego de la quiebra del Banco Nacional en 1890, del cual el Banco Hipotecario era una sección, sus acciones pasaron a manos de sus accionistas. En 1912 se elaboró un proyecto de ley para controlarlo y pasarlo a manos de Estado. la ley autorizaba al Poder Ejecutivo a comprar las 35.000 acciones por vía amigable si era posible o por expropiación judicial.
  • Banco de Seguros del Estado. En abril de 1911 el Poder Ejecutivo envío al Parlamento un proyecto de ley por el cual el Estado pasaba a monopolizar todos los seguros que se realizaran en el país: de incendio, marítimos, agrícolas, ganaderos, de vida, y en general, contra todo riesgo. Se crearía el Banco de Seguros del Estado con un capital inicial de 3 millones de pesos. Hasta ese momento el negocio de los seguros era explotado por empresas nacionales y especialmente inglesas. Además como empresas cuya única finalidad era la ganancia y no el servicio de la sociedad en rubro tan importante, cubrían solo los seguros más redituables y se negaban a tomar los que aparejaban mayores riesgos. Así, el seguro más común que respaldaban era contra incendio, olvidando todos los vinculados con la previsión social y económica. Ante los reclamos de inversores ingleses, las autoridades británicas realizaron una intervención diplomática con la que se detuvo el monopolio estatal de todos los seguros, y las compañías inglesas siguieron operando.
  • Ferrocarriles del Estado (1915). El total de las vías férreas estaba en mano compañías inglesas por lo cual todas las ganancias se iban al exterior; además prestaban un servicio malo y caro, que perjudicaban el desarrollo de la producción agropecuaria.
  • Monopolio de la energía eléctrica (1912). La usina eléctrica de Montevideo estuvo en manos de articulares entre 1887 a 1897; y desde entonces hasta 1906 pasó a la administración provisoria del Estado, quien desde ese año la administró directamente, reorganizando el servicio y logrando los precios más bajos del continente.

La obra educativa.

  • Gratuidad de la enseñanza: se aprobó en 1916, establecía la exoneración de tributos de Educación Secundaria y posteriormente a los universitarios.
  • Extensión de la enseñanza secundaria. Se creó la sección femenina de enseñanza secundaria y preparatoria (1912) y ese mismo año se crearon los liceos departamentales con la finalidad de extender la educación al interior del país y evitar el desarraigo de los alumnos.

Secularización de la vida matrimonial y pública.

  • La ley de divorcio (1912). Se propuso el divorcio por sola voluntad de uno sólo de los cónyuges, y finalmente se mejoró aprobando el divorcio por sola voluntad de la mujer.
  • Lucha contra la Iglesia. La secularización de los actos públicos. En 1911 se reactivó la ley de conventos; también se eliminó la prestación de honores militares en los actos religiosos; se venía anunciado la inevitable separación de la Iglesia y el Estado.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL.   

            La Constitución de 1830 comenzaba a ser inadecuada para la transformación que había sufrido el Uruguay a comienzos del siglo XX, por ello es que se inicia el proceso legislativo de reforma constitucional, como las pautas para realizarlo según la Constitución de 1830 era muy complejo y extenso se le realizó una modificación.

            En ese marco, Batlle desarrollo “apuntes”, en los que consideraba necesario la sustitución de la Presidencia por una Junta de Gobierno integrada por nueve miembros; señalaba la separación de la Iglesia y el Estado, cambios en la ciudadanía legal, que cada departamento estuviera representado por dos senadores, establecía el plebiscito.

La discusión en el marco de la reforma constitucional provocó la radicalización de los partidos políticos. A partir de las ideas de Batlle en el seno del Partido Colorado se produjo una escisión de quienes se oponían al Colegiado, estos fundaron en 1916 el Partido Colorado General Fructuoso Rivera, “riveristas”.

También en el interior del Partido Nacional se tomaron posiciones enfrentadas.

Así, surgió un duro y extremo debate entre dos sectores: los batllistas o “colegialistas” estaban a favor, y en contra se ubicaban los “anticolegialistas” formados por los “riveristas” y el Partido Nacional.

Presidencia de Feliciano Viera (1915-1919).

 En los años anteriores a su triunfo electoral cumplió funciones como diputado, senador y ministro de Batlle.

 Pero más tarde el cargo presidencial le permitió crear su propio sector político dentro del partido y oponerse a Batlle.

 Ante los resultados adversos en las elecciones para constituyentes el presidente acusó recibo de “hacer un alto” en las reformas. Para demostrar que la actualización del gobierno era real dio entrada al gabinete a dos colorados anticolegialistas y a un representante del Partido Nacional; esta manifestación de sus intenciones le valió el apoyo de los principales sectores económicos del país.

            En lo que respecta a la legislación social las iniciativas que se aprobaron habían sido presentadas durante la presidencia de Batlle. Pero si se votaron restricciones al trabajo nocturno y la “ley de la silla”, que establecía que en los sitios donde trabajaran mujeres debía haber igual número de sillas para que descansaran cuando las tareas se lo permitieran.

            Por otra parte en lo que respecta a la política de monopolizar los servicios públicos esenciales se detuvieron, también se paralizaron las iniciativas referentes a la nacionalizaciones. Fueron años de una importante agitación del movimiento obrero, causado por el encarecimiento del costo de vida (escasa importación de productos europeos debido a la guerra) y el entusiasmo provocado por la revolución Rusa en 1917. Montevideo sufrió dos grandes huelgas en 1917, la del Puerto (7000 trabajadores) y la de los tranviarios, al año siguiente los frigoríficos; la policía del gobierno de Viera actuó con una dureza particular.

            Se llevó a cabo la humanización en el deporte, lo que fue un proyecto del gobierno batllista, que prohibía el boxeo sino era controlado por las autoridades correspondientes, corridas de toro, tiro a la paloma y riña de gallos.

La Constitución de 1919.

El 1º de marzo de 1919 comenzó a regir la nueva Constitución, ese día juró como nuevo presidente Feliciano Viera, quien sería el último presidente electo de forma indirecta. La creación del órgano colegiado y la renovación por tercios le permitió al Partido Nacional alcanzar la victoria transformándose en mayoría en el año 1925, liderados por Luis Alberto de Herrera; mientras que la presidencia era ocupada por el colorado José Serrato.

            Según Gerardo Caetano, en los años veinte el proceso político uruguayo tuvo dos caras: el afianzamiento de la democracia política y el conservadurismo social.

            La continua celebración de elecciones durante la década del 1920 estimuló y acostumbró a los uruguayos a votar, para par ello fue de gran colaboración la construcción de un sistema de garantías al sufragio que indujese a los ciudadanos a confiar en el sistema, en 1924 y 1925 se incluyó la elaboración de un nuevo Registro Cívico, la creación de la Corte Electoral y una compleja legislación que impedía en fraude y las presiones. Fue en estos años que se procesó la “doma del poder” (Real de Azúa), a través de un proceso de regular, vigilar y debilitar al Poder Ejecutivo. Pero las denuncias de fraude no faltaron, en especial en 1926, donde el escaso margen entre los dos partidos motivó una tensa situación, se llegaba al momento de la transmisión del mando y no se culminaba con el conteo de votos; el presidente Serrato ordenó el posicionamiento de las fuerzas militares en Los Cerrillos, “la Cerrillada”.

En la Constitución elaborada en 1917 y vigente desde 1919 se establecía:

  • La separación de la Iglesia del Estado: se establece la libertad de cultos; el Estado no sostiene económicamente a ninguna religión.
  • Ciudadanía y derechos electorales: se extiende la ciudadanía; se establece el sufragio universal masculino; se reconoce el derecho de voto a la mujer, siempre que una ley lo habilite; el voto secreto; la representación proporcional.
  • Poder Ejecutivo: integrado por el Presidente de la República y el Consejo Nacional de Administración; el primero era electo directamente por el pueblo y duraba en sus funciones 4 años, nombraba a los ministros de Interior, Relaciones Exteriores y Guerra; el segundo se integraba por 9 miembros electos directamente, permaneciendo en el cargo por 6 años, renovándose por tercios cada dos años, se ocupa de las funciones secundarias.
  • Poder Legislativo: compuesto por dos cámaras: diputados, electos directamente, por tres años; los senadores son uno por cada departamento, electos indirectamente, por seis años.
  • Poder Judicial: integrado por la Alta Corte de Justicia, Tribunal o Tribunales de Apelaciones y Juzgados de Instancia.
  • Procedimientos de reforma de la Constitución: la reforma total o parcial de la Constitución puede ser iniciada por las Cámaras con la aprobación de los 2/3 de sus miembros. Las enmiendas aprobadas quedan sujetas a ratificación de la legislatura siguiente. Si ésta las acepta por 2/3 de miembros de cada Cámara, las reformas se consideran ratificadas.

 

Bibliografía:

Benjamín NAHÚM. La época batllista 1905- 1929. Ed. Banda Oriental. Montevideo. 1998

Ana FREGA, Ana María RODRÍGUEZ AYÇAGUER Historia del Uruguay en el siglo XX (1890-2005). Ed. Banda Oriental. 2008

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