La crisis, el autoritarismo, la dictadura, la resistencia y el retorno a la democracia (1967- 2004).

Las elecciones de 1967 dieron el triunfo a la fórmula colorada integrada por Oscar Gestido y Jorge Pacheco Areco. El 6 de diciembre, tras la muerte de Gestido, asume la presidencia Pacheco, su primera acción fue retirar la personería jurídica a diversos sectores de izquierda.

 

En 1968 se observaron todos los excesos, en lo económico el gobierno llevó al extremo la lucha contra la inflación. El presidente se rodeó de asesores que provenían de grandes grupos económicos y sin participación política previa.

Las repercusiones del “mayo francés” se observaron en el Uruguay a través del “mayo del 68”, se dieron manifestaciones estudiantiles contra la suba del boleto y demanda de mayores recursos para la enseñanza, se manifestaron a través de huelgas y paros, “manifestaciones relámpagos”, ocupaciones, “contracursos” y liceos populares. El gobierno respondió con medidas represivas que dejaban detenidos y heridos. El 13 de junio se decretaron “medidas prontas de seguridad”, se congelaron precios y salarios. A finales del año se estableció la Comisión Nacional de precios e Ingresos para “administrar la estabilización”.

 

Se utilizaron la Medidas Prontas de Seguridad como instrumento para gobernar por decretos, permitía prohibir el derecho a huelga y realizaciones sindicales; se aplicaron medidas que eran competencia del Legislativo como la injerencia en la enseñanza o la militarización de los funcionarios públicos.

En 1969 y 1970 se declaró el 2estado de excepción” para reprimir la actividad de la guerrilla.

Se violó la libertad de prensa a través de la censura, con clausuras y cierres de medios.

El gobierno de Pacheco permitió la politización de las funciones de las Fuerzas Armadas, pidiéndoles la represión de los conflictos y el mantenimiento de los servicios;  muchos altos mandos, entre ellos el general Líber Seregni, renunciaron ante la negativa a la represión.

 

Por su parte la organización tupamara había desarrollado una etapa de asaltos a instituciones financieras con el objetivo de obtener recursos y denunciar corrupción económica; y el secuestro de figuras del poder estatal (Pereira Reverbel, Gaetano Pellegrini Giampietro), se buscaba obtener información y financiación. Pero el 8 de setiembre de 1969 se da el intento de toma de Pando, apoderándose de la comisaría, el cuartel de bomberos y la central telefónica, se consideraba la primer demostración del poder militar tupamaro. Esta etapa se extiende hasta 1972 y en ella aumentan las acciones guerrilleras y se suman los asesinatos de Héctor Morán Charquero y Dan Mitrione.

 

La población vivía un fenómeno que impactaba y era aún más espectacular con las fugas carcelarias, en particular la de Punta Carretas en setiembre de 1971.

Los gobiernos de Pacheco y Bordaberry lejos estuvieron de negociar; mientras que la izquierda legal por momentos coexistía pacíficamente con la guerrilla y en ocasiones la criticaba.

En 1971 también se observa el surgimiento de grupos de extrema derecha que accionaban violentamente contra personas identificadas con la izquierda.

 

En 1971 se celebraron elecciones nacionales las que estuvieron marcadas por el voto obligatorio y la participación de los soldados, además de establecer el fin del bipartidismo. La unión de izquierdas en un frente programático (Frente Amplio) logró el apoyo del 18,28% de la ciudadanía, el éxito era consecuencia del descontento de la población y del proceso de debates que permiten la agrupación de los sectores. El gobierno estadounidense calificó al sector como el “enemigo” de cara a las futuras elecciones de 1976.

 

El triunfo electoral fue para la fórmula de la “Unión Colorada y Batllista”, Bordaberry – Sapelli. La reforma electoral promovida buscaba la relección de Pacheco no tuvo éxito. Wilson Ferreira Aldunate fue el candidato más votado pero la “ley de lemas” favoreció a los colorados; pero los resultados demuestran que la ciudadanía optaba por una posición de centro, entre el pachequismo y el Frente Amplio.

 

En 1972, luego de la tregua electoral, regresó la violencia política ejercida por los grupos de ultraderecha y los grupos paramilitares. La guerrilla tomó la ciudad de Soca y realizó secuestros y atentados. La situación derivó en el decreto de “suspensión de las garantías individuales” y aprobó el “estado de guerra interna”, pero no se ajustaba a la Constitución ya que se realizaron miles de allanamientos sin orden judicial o motivo.

Al declarar la “guerra interna” el Parlamento admitía que el Estado ejerciese la violencia para defender al sistema democrático. En julio de 1972 el Colegio de Abogados declaró su inconstitucionalidad y fue sustituido por la Ley de Seguridad del Estado que eliminaba las potestades fundamentales del Poder Judicial, transfiriendo la función de impartir justicia al Poder Ejecutivo y en particular a las Fuerzas Armadas.

 

Los militares elaboraron objetivos políticos con el cometido de la “destrucción del aparato militar subversivo que operaba en el país” para luego “proporcionar seguridad al desarrollo nacional”.

Si bien a finales de 1972 la guerrilla estaba desarticulada, la movilización popular se manifestaba en los actos de la CNT y el Frente Amplio.

La Ley de Educación General provocó e conflicto con los trabajadores de la educación, que se oponían a la centralización del sistema educativo y al mayor control.

 

En febrero de 1973 el nombramiento del General Antonio Francese como Ministro de Defensa, provocó una crisis institucional; el ejército comunicó desconocer las órdenes, sugiriendo su retiro. El 9 de febrero los mandos militares expresaron en el Comunicado Nº 4 su intención de intervenir en la política nacional; al día siguiente a través del Comunicado Nº 7 se daba a conocer el “programa de acción” en el que se manifestaba sobre “la redistribución de la tierra” o “el acceso a la propiedad para quien la trabaje”.

Días después el presidente realizó un acuerdo con los militares estableciendo su incorporación formal a funciones políticas y administrativas.

El “Pacto de Boiso Lanza” creó el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). Estos acontecimientos son considerados como el inicio del proceso golpista; a diferencia de otros países, en Uruguay es el propio presidente quien firma el decreto de disolución del Parlamento el 27 de junio de 1973. El presidente, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se convertía en dcitador.

 

 

El gobierno cívico-militar.

 

El golpe de Estado fue respondido inmediatamente por l a CNT que estableció la huelga general con  ocupación de lugares de trabajo, contó con el acompañamiento de la FEUU que paralizó las clases y ocupó las instituciones. El gobierno se vio obligado a declarar la “asociación ilícita” de la CNT, clausura de locales y arresto de dirigentes; las comisarías fueron colmadas y se debieron improvisar centros de detención; a pesar de la represión las manifestaciones se realizaban.

 

Por su parte el Frente Amplio y el Partido Nacional manifestaron conjuntamente las “bases para la salida de la actual situación”[1], exigían el cese de Bordaberry y en su lugar establecer un gobierno provisional, y la realización de elecciones para conformar un nuevo gobierno.. Mientras que el gobierno cívico-militar buscó desmantelar el “aparto ideológico”[2], para ello se procedió a la suspensión de las actividades de los partidos políticos, y se ilegalizaron agrupaciones de izquierda. Se reglamentó la actividad desarrollada por los sindicatos, se suprimió el derecho a huelga en agosto de 1973, y en 1974 fue la Comisión de Asuntos Laborales de las Fuerzas Armadas la que estuvo encargada de recibir las reivindicaciones de los trabajadores.

 

En el comienzo el gobierno controló el sistema educativo, para luego depurar los cuadros docentes y los programas educativos. La libertad de expresión en los medios era  cada vez más coartada hasta alcanzar niveles preocupantes.

Al finalizar 1973 comenzaron a darse los “cónclaves cívico-militares”, reuniones de gobierno en las cuales los militares comenzaban a participar en asuntos económicos y sociales. Se observó a la militarización del Estado a través de la sustitución de personal político, que dirigía los organismos estatales, por oficiales de las Fuerzas Armadas. Los civiles se beneficiaban al poder aplicar sus políticas sin  la oposición política; y los militares contaban con colaboradores  con experiencia en la administración pública.

En 1976 los militares destituyeron a Bordaberry en medio de una crisis política originada a fines de 1976, cuando Bordaberry presentó un plan a la Junta de Oficiales Generales en que figuraba, entre otras cosas,  la supresión permanente de los partidos políticos. La crisis se agravaría aún más con el secuestro, tortura y asesinato de Zelmar Michellini y Héctor Gutiérrez Ruíz en Buenos Aires en manos de militares y policías uruguayos que actuaban en el marco del Plan Cóndor.

El gobierno fue ocupado interinamente por Alberto Demicheli, las elecciones nacionales fueron suspendidas de forma indeterminada y se creó el Consejo de la Nación, éste estaba integrado por el Consejo de Estado y la Junta de Oficiales Generales.

 

El 1º de setiembre de 1976 asumía como presidente Aparicio Méndez, quien  firmó los actos institucionales que establecían la proscripción  de toda actividad política, en muchos casos se incluía el derecho al voto. A través de los “Actos Institucionales” se buscó realizar transformaciones institucionales, modificando paulatinamente la Constitución.

 

Desde 1974 se aplicó el Plan Nacional de Desarrollo para afrontar el cambio económico mundial, en 1973 el precio de barril de petróleo se triplicó, el impacto se hizo sentir debido a que era uno de los productos más importados. Por su parte los productos uruguayos vieron subir sus precios internacionales, pero el aumento de las importaciones incidió en la balanza comercial desfavorable.

Los investigadores señalan la existencia de tres etapa: la primera entre 1974 y 1978, en ella se observa la apertura a los capitales extranjeros, las faltas de controles atrajeron a financistas e inversores. En estos momentos se reduce la inflación del 77 al 41%[3], pero descendieron el salario real y las pasividades.

La segunda etapa se da entre 1978 y 1982, al retirarse los subsidios se obligó a los productores a aumentar su eficiencia para mejorar la competitividad. Al adoptar una devaluación paulatina, conocida como “la tablita”, el gobierno buscaba detener la inflación. Es el momento de consolidación de la dolarización de la economía, es la moneda utilizada para los depósitos bancarios y el pago de deudas.

En 1982 se inicia la tercera etapa con la “fuga de capitales” que aumentaron la deuda externa, se perdieron reservas del Banco Central a través de la compra de créditos incobrables. En 1983 el gobierno debió firmar un acuerdo con los bancos extranjeros por intermedio del FMI.

 

En otro aspecto  se aplicó el terrorismo de Estado, el aparato represivo actuó sin ninguna forma de control, siendo el mismo Estado el agente de terror sobre la población. Se procedió al encarcelamiento masivo y prolongado. Las cárceles militares uruguayas tenían como cometido generar terror en toda la sociedad que era testigo de los violentos de captura y, a su vez, recibía noticias del trato infrahumano impartido a sus prisioneros[4]. Los civiles detenidos eran juzgados por la Justicia Militar que dependía del Ministerio del Defensa y en  vez de tener abogados y jueces estaba conformada por militares sujetos a jerarquía.

 

Además se implementaron diferentes formas para “depurar” la administración pública. A través del Acto Institucional Nº 7 se permitía “pasar a disponibilidad” a funcionarios públicos y destituirlos. A los funcionarios se les exigía una declaración jurada que avalara su apoyo al sistema democrático. Los funcionarios de la actividad privada carecían de amparo a la estabilidad laboral, lo que les permitió a los empleadores practicar despidos por motivos políticos o ideológicos.

 

Durante los años del proceso militar una importante cantidad de uruguayos (380 mil aproximadamente) abandonaron el país por motivos políticos y económicos, se formo una diáspora uruguaya por el mundo, que tiene mayor concentración en países como Argentina, Brasil, México, España, Estados Unidos, Holanda y Australia, entre otros. Estos grupos de exiliados realizaron una campaña política de desacreditación internacional del régimen uruguayo a través de la denuncia, el vínculo establecido con redes transnacionales de derechos humanos, y a la situación de la política exterior estadounidense entre 1976 y 1980.

A partir de 1979 la CNT y el Frente Amplio reorganizaron su actividad desde los países en los que se encontraban los exiliados uruguayos. En 1980 se conformó la Convergencia Democrática del Uruguay, un grupo conformado por representantes comunistas y socialistas, frenteamplistas y wilsonistas, que coordinaron la oposición política desde el exterior.

 

Desde 1977 las Fuerzas Armadas comenzaron a demostrar su intención de legitimar los cambios realizados  mediante los Actos Institucionales, par eso debían realizar una reforma constitucional. Finalmente, con tal objetivo, se celebró el plebiscito constitucional el 30 de noviembre de 1980. Ante el proyecto los partidos tradicionales se encontraron divididos con sector que apoyaban y sectores desaprobaban. Al escrutarse la opinión de la ciudadanía el triunfo lo obtuvo el “NO”, 57,9% de los votos frente a un 42% de votos en apoyo al “SI”, el resultado marcó un quiebre en los planes de gobierno futuro para el país. Cabe destacar que el resultado del plebiscito no es el único factor que permite el cambio político, y que éste tampoco es inmediato, la restauración democrática fue demorada y muy negociada entre representantes de los partidos políticos y los militares, siendo muy difícil lograr el acuerdo.

Mientras tanto era nombrado, en agosto de 1981, como presidente del país el Teniente General Gregorio Álvarez, en este mismo año se obtuvo la desproscripción de algunos líderes políticos.

 

La aprobación de la Ley de Estatuto de Partidos Políticos (3 de junio de 1982) por parte del Consejo de Estado permitía  el funcionamiento de los partidos Colorado, Nacional y Unión Cívica, pero impidiendo la participación de la izquierda, que se movilizó en favor del voto en blanco (se obtuvieron 85373 votos). El 28 de noviembre se realizan las elecciones internas.

Durante 1983 se produjeron movilizaciones sociales que llevaron adelante una importante actividad de resistencia a la dictadura, a través de “caceroleadas”, apagones masivos  y marchas. También se establecieron vínculos entre los partidos tradicionales y la izquierda, la denominada “Intersectorial” organizó un acto de multitudes (400 mil personas aproximadamente) en noviembre de 1983 en torno al Obelisco.

 

Si bien la mayoría de los dirigentes políticos estaban en libertad, el Partido Nacional no estaba dispuesto a negociar hasta que no se concediera la libertad a Wilson Ferreira. Los partidos políticos se preocupaban por los presos políticos y el retorno a la democracia, mientras que la preocupación de los militares eran su inmunidad y la amnistía. El Directorio del Partido Nacional consideraba ilegal al “Pacto del Club Naval”.

En setiembre se creó la CONAPRO (Concertación Nacional Programática) integrada por los partidos y organizaciones sociales para alcanzar acuerdos para un gobierno democrático de unidad nacional.

 

El 25 de noviembre de 1984 se realizaban las ansiadas elecciones nacionales con políticos proscriptos y presos políticos. El Partido Colorado presentó dos formulas, el Partido Nacional presentó tres candidaturas, y el Frente Amplio presentó una única fórmula.

Finalmente el triunfo correspondió a la fórmula colorada integrada por Sanguinetti – Tarigo, los que asumieron el 1º de marzo de 1985, enfatizaban una transición pacífica, “cambio en paz”. Días después de las elecciones Wilson Ferreira es liberado.

 

El gobierno democrático.

 

El gobierno de Sanguinetti se caracterizó por su “entonación nacional” debido al acuerdo con el Partido Nacional, liderado por Wilson Ferreira que ofrecía “gobernabilidad”[5].

Al iniciarse la década de 1990 la ciudadanía confió su destino al Partido Nacional a través de la presidencia de Luis Alberto Lacalle, mientras que el Frente Amplio accedió por primera vez a la Intendencia de Montevideo mediante el triunfo de Tabaré Vázquez. El nuevo gobierno logró acuerdos internos y con los colorados en lo que se conoció como la “coincidencia nacional”. Pero el acuerdo tuvo su primera ruptura en 1991 con el retiro de los sectores colorados; y una segunda ruptura cuando el gobierno de Lacalle se quedó sin el apoyo de los demás sectores nacionalistas.

En las elecciones de 1994 se da el retorno de los colorados al poder con un nuevo triunfo de Sanguinetti,

esta vez acompañado en la vicepresidencia por Hugo Batalla, se realizaron reformas como ser la ley de seguridad

ciudadana, la reforma de
seguridad social, la ley de regulación del mercado energético y la reforma educativa.

 

La reforma constitucional de 1996 establecía el sistema de ballotage para las elecciones de 1999, a través del cual triunfo Jorge Batlle en representación del Partido Colorado y derrotando al frenteamplistas Tabaré Vázquez. El gobierno debió enfrentar la mayor crisis económico-financiera de la historia del país en 2002.

 

En las elecciones de 2004 se da la victoria electoral de la izquierda con un 50,45% de los votos en primera rueda con la fórmula integrada por Tabaré Vázquez y Rodolfo Nin Novoa con 1.125.000 votos. Fue la primera vez que la izquierda accedía al gobierno nacional, y lo logró con mayoría parlamentaria.


[1] Virginia Martínez. Tiempos de dictadura 1973/1985. Hechos, voces, documentos. La represión y la resistencia día a día. EBO. Montevideo. 2005.

[2] Ibídem

[3] Ibídem

[4] Virginia Martínez. Tiempos de dictadura 1973/1985. Hechos, voces, documentos. La represión y la resistencia día a día. EBO. Montevideo. 2005.

[5] Virginia Martínez. Tiempos de dictadura 1973/1985. Hechos, voces, documentos. La represión y la resistencia día a día. EBO. Montevideo. 2005.

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