URUGUAY SOPORTÓ EN EL 2002 UN AÑO DURÍSIMO EN EL PLANO ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICO.

ANUARIO 2002 – Diario El País

2002: el colapso del Estado

El estado uruguayo cerró el 2002 sufriendo todavía una severa crisis económica que debilitó profundamente al sistema financiero, contrajo por cuarto año consecutivo la producción, elevó la inflación a un porcentaje aproximado del 25%, y a niveles históricos, algunos indicadores sociales como el desempleo, que trepó a 19,8% en noviembre pasado.

De hecho, ciertos aspectos de la crisis arrastran su solución definitiva a este entrante 2003. En el plano económico, uno de los desafíos del gobierno será la restauración plena del sistema financiero. El Parlamento acaba de aprobar una ley que fusiona en una, tres de las cuatro instituciones bancarias que permanecen inactivas desde agosto. Asimismo, aún se espera por la solución definitiva del Banco de Crédito (la otra institución suspendida) en la cual se está negociando desde setiembre con el accionista por ahora minoritario Saint George Ltd.

Según las previsiones del equipo económico de gobierno, la reapertura del Crédito se hará efectiva a fines de enero y el Nuevo Banco Comercial estaría en funcionamiento a mediados de febrero, con 750 funcionarios y un capital inicial de 190 millones de dólares. A partir de entonces, su futuro es incierto y depende principalmente de la restauración de la confianza en el sistema.

Los últimos datos en cuanto al monto de los activos ingresados al sistema bancario parecen ser buenos indicadores. Después de nueve meses de caída, lo que significó el alejamiento del sistema financiero del 45% de sus depósitos, en los meses de octubre, noviembre y diciembre los depósitos aumentaron en más de 300 millones de dólares, cifra que podría indicar un retorno progresivo de la confianza.

Otro desafío que debe enfrentar el Estado está dado por las fórmulas que adopte para reactivar la producción en el país, que viene cayendo ininterrumpidamente desde 1999 y que en 2002 registró un descenso cercano al 10% con respecto al año anterior. La tarea no será sencilla si se considera que el crédito a la producción es, en estos momentos, muy limitado y que el endeudamiento en los sectores productivos está trabando nuevas inversiones.

El Estado espera que el sector exportador sea quien lidere la reactivación. Con la libre flotación de la moneda (adoptada por el gobierno a fines de junio), lo que implicó una devaluación del peso cercana al 100% en el año, los productos nacionales han mejorado su competitividad en la región. De manera que, aunque el 2002 cierra con una baja de la exportaciones en comparación con el año anterior, algunos sectores, como el cárnico, registran ya importantes mejorías.

En ese contexto, el gobierno se ha comprometido con el FMI a reducir su déficit fiscal a la mitad, es decir a un 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2003. Por tal motivo, el Poder Ejecutivo ha iniciado ya un nuevo recorte de gastos con la Rendición de Cuentas puesta en vigencia el 1° enero. Entre otras medidas, se instauró un incentivo jubilatorio para los empleados públicos mayores de 60 años, se fusionaron oficinas públicas, uniformizaron el horario de las oficinas del Estado y prohibieron a priori la realización de horas extras.

Los vencimientos de deuda pública a pagar por el Estado en el año ascienden a unos 2.000 millones de dólares, a los que habrá que sumar los intereses de los distintos títulos y préstamos. Sobre estos compromisos, los responsables del gobierno dijeron que no habrá mayores problemas para cumplir.

Incertidumbre en el plano político

En el aspecto político, será necesario esperar para ver cómo actúa el Partido Nacional (PN) en el ámbito parlamentario para poder asegurar la gobernabilidad.

A lo largo del 2002, los blancos dieron reiteradas señales de su posterior alejamiento de la coalición de gobierno, lo que finalmente sucedió en noviembre pasado.

En enero, cuando el ministro de Economía del momento, Alberto Bensión, anunció la aceleración de la pauta devaluatoria, el PN dijo no haber sido consultado sobre la medida. Cuatro meses más tarde, mientras el equipo económico de gobierno preparaba un duro ajuste fiscal, también hubo fricciones y condicionamientos para que la ley impositiva tuviera el apoyo de los blancos y pudiera aprobarse así en el Parlamento. Y en julio, dos semanas después de que Bensión decretara la libre flotación del peso, los blancos le retiraron el apoyo, lo que le costó el cargo al ministro.

Paralelamente a todos estos episodios, en el seno del Partido Nacional cobraba cada vez más fuerza la posición de retirar los cinco ministros de la colectividad y poner fin así a la coalición iniciada en el 2000 con el mandato del presidente Jorge Batlle. Eso fue lo resuelto el 3 de noviembre por la mayoría de los convencionales blancos.

Igualmente, el distanciamiento no ha significado hasta al momento graves problemas de gobernabilidad, ya que en general, los grandes proyectos legislativos han contado con el apoyo del Partido Nacional. Sin embargo, como advirtió el politólogo Eduardo González al suplemento Que pasa de El Pais, este año “es preelectoral: con o sin campañas visibles, las fracciones y precandidaturas deberán desarrollar sus estrategias lo cual normalmente dificulta la generación de acuerdos políticos”.

Pese a la crisis, el 2002 cierra en calma social

El 2002 se cierra con un desempleo cercano al 20% (récord histórico) y con una caída del poder adquisitivo del salario de un 19%. De este último indicador es responsable principalmente la devaluación de la moneda que en el año ascendió casi al 100%, lo cual disparó la inflación a un 25%: porcentaje que no fue equilibrado con una suba salarial.

Por su parte, el número de habitantes de los asentamientos irregulares llegó a 200.000 y fueron 250.000 las personas que asistieron a los comedores y merenderos públicos. La emigración llegó también a picos históricos. Según cifras estimadas, unos 58.000 uruguayos resolvieron abandonar el país en el 2002, prácticamente la misma cantidad de los nacimientos que se registran en un año, de modo que seguramente la población se redujo en el 2002.

A pesar de esta adversidad en el plano social, no hubo en el año episodios graves de agitación. Quizás el punto más crítico se registró a fines de julio y principios de agosto, en pleno feriado bancario, cuando algunos comercios de Montevideo fueron saqueados, y los “caceroleos” eran cada día más frecuentes.

Antes, a mediados de abril, tuvo lugar el acto de protesta más significativo del año cuando la llamada Concertación para el Crecimiento llamó a una marcha hacia el Obelisco de Montevideo. Allí, el actor Delfi Galviati leyó una proclama que reclamaba un cambio en la política económica. Esta convocatoria fue fundamentalmente apoyada por el PIT – CNT y la Federación Rural, aunque también contó con el apoyo de otros sectores del empresariado.

De todos modos, el 2002 se cerró con calma social. En general, el Estado y las empresas pudieron cumplir con los aguinaldos y no se registraron grandes conflictos a nivel gremial.

Una crónica de la crisis

Desde el inicio del año, ciertos episodios se presentaban ya como señales de un año crítico.

El 2 de enero, el flamante presidente de Argentina, Eduardo Duhalde, anunció que el país ponía fin a la convertibilidad (1 peso = 1 dólar) y que la moneda flotaría libremente. Para contrarrestar esta medida, que significó una abrupta devaluación del peso argentino, el gobierno uruguayo amplió la pauta devaluatoria (el ancho de la “banda de flotación”) del peso uruguayo de un 6 a un 12%. La decisión fue anunciada por el ministro de Economía de entonces, Alberto Bensión, el cinco de enero.

Paralelamente, el gobierno procuró mantener el déficit fiscal en niveles que permitieran un acceso fluido al crédito internacional. La primer medida del año en este sentido fue la implementación en febrero de un ajuste fiscal que significó básicamente un leve aumento del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) y una rebaja en el gasto público.

Tres meses más tarde quedó en evidencia que este primer ajuste no alcanzaba. A mayo del 2002, el déficit alcanzaba al 4% del PBI y la meta del equipo económico era reducirlo al 2,5 %. Esta situación hizo que se aprobara un nuevo, y más duro, ajuste fiscal que fundamentalmente aumentó el IRP entre un 1 y un 20%, según el salario a gravar.

Cae el sistema financiero

La crisis de confianza que luego sumiría al sistema financiero en una severa crisis empezó desde temprano en el año a dar sus primeras señales.

A mediados de enero, el Banco Galicia -institución que fundamentalmente poseía activos de ciudadanos argentinos- tuvo serios problemas de liquidez y fueron intervenidas sus actividades por el Banco Central. Éste fue el primer banco que sucumbió frente a la crisis.

Unas semanas más tarde, a principios de febrero, fueron denunciadas una serie de acciones fraudulentas en el Banco Comercial. Sus directores, los hermanos Carlos y José Rohm desviaron de la institución unos 250 millones de dólares.

Pese a que al Estado y los accionistas internacionales procuraron minimizar los daños capitalizando al Comercial con 133 millones de dólares, estos episodios contribuyeron a que la fuga de depósitos del sistema financiero continuara su ritmo. De hecho, a mediados de año se había retirado del sistema financiero una cifra cercana al 40% de los depósitos (con respecto a finales del 2001).

La pérdida de confianza en el sistema bancario, hija del “contagio” de la situación argentina y de las maniobras fraudulentas en el seno de las instituciones denunciadas públicamente, también repercutió negativamente sobre las reservas de activos del Estado uruguayo.

A finales de 2001, el Banco Central del Uruguay (BCU) contaba con más de 3.000 millones de dólares de activos de reserva. Un año más tarde, la cifra descendía a 777 millones. Fundamentalmente, este dinero se perdió en el respaldo al sistema financiero.

Devaluación del peso: 100% en el año

Mientras existió el control de la moneda (mediante la “banda de flotación”) hasta fines de junio, el BCU tuvo que intervenir repetidas veces en el mercado para mantener al peso en los márgenes deseables.

Éste fue uno de los motivos para la adopción, a finales de junio, de la libre flotación de la moneda, o sea la abolición del sistema de “banda”, ya que el Estado no podría seguir “atendiendo” a la moneda cuando por la puerta trasera los fondos se escapaban del sistema financiero.

La liberalización del peso a ley de oferta y demanda del mercado significó a fin de año una devaluación cercana al 100%, ya que en enero de 2002 la cotización del dólar se ubicaba en los $14, mientras al término del año, esta cifra casi se duplica.

Asimismo, el ajuste del tipo de cambio incidió para que los precios comenzaran a subir y la inflación cerrara el año con un alza cercana al 25%.

Otro motivo que explica la flotación del peso, (de hecho el más recurrido por los analistas) tuvo que ver con la competitividad de los productos nacionales en la región.

En el últimos años, los principales socios comerciales de Uruguay, Argentina y Brasil, habían devaluado sus monedas. Eso significaba que los productos uruguayos fueran más caros en dólares que los argentinos y brasileños. Por lo tanto, era muy difícil competir tanto en el mercado local como fuera de fronteras.

Por tal motivo, el sector exportador fue el que recibió mejor la noticia de libre flotación de la moneda. En aquel momento, el presidente de la Unión de Exportadores, Daniel Soloducho, opinó que “era ineludible que esto pasara (la flotación) ya que la situación de los vecinos no era confiable y, además, el gobierno estaba interviniendo en el mercado y de esa manera perdía reservas bancarias”.

En cambio, hubo otros sectores económicos, sociales y políticos que reaccionaron de modo negativo a la medida. Sucedía que la libre flotación iba a generar un aumento en la inflación y a su vez, iba a complicar a los deudores en dólares. A causa de este rechazo, el ministro Bensión perdió su cargo. Primero fue llamado a interpelación por el Frente Amplio y una semana más tarde, el Partido Nacional (por el momento miembro de la coalición de gobierno) le retiró el apoyo, lo que desencadenó finalmente la renuncia del secretario de Estado.

El día “D”: 30 de julio

El 24 de julio, dos días después de la renuncia de Bensión, asumió el nuevo equipo económico. El ministro de Economía fue el senador de la lista 15, Alejandro Atchugarry y el presidente del Banco Central, el economista Julio de Brun.

Éste último dijo a El PAIS meses más tarde de la asunción: “Yo asumí pensando que iba a tener por lo menos un par de meses para enderezar el rumbo de la nave. Y a los dos minutos comprendí que no había tiempo para nada”.

Apenas una semana después, el nuevo equipo económico de gobierno decretó un feriado bancario el 30 de julio. Días antes, fueron públicamente descubiertas una serie de fraudes en el Banco Montevideo – Caja Obrera, lo que finalmente desencadenó el procesamiento judicial de sus dueños, los hermanos Peirano. Estos episodios nuevamente agudizaron la tendencia de todo el año, es decir, el retiro de depósitos.

Fue entonces que el gobierno resolvió parar el sistema financiero y enviar una delegación a EE.UU. para negociar con el FMI un crédito de “salvataje”. “El nivel de reservas que teníamos al momento de entrar en el feriado bancario era el mínimo indispensable para respaldar los depósitos en cuenta corriente que tenía el Banco República y cumplir con los compromisos internacionales más próximos. Habíamos llegado al límite”, dijo respecto de esa situación de Brun.

La semana que permaneció el feriado bancario fue quizás el período de nerviosismo más intenso de todo el año. Mientras se esperaban noticias de EE.UU., algunos comercios de Montevideo eran saqueados y el Parlamento estaba obligado a aprobar en dos días una ley que reprogramara los vencimientos de los depósitos a plazo fijo de los bancos oficiales y creara el Fondo de Estabilidad del Sistema Financiero cuyo capital vendría en la medida que se llegara a un acuerdo con el FMI.

Finalmente, el 4 de agosto se llegó a un acuerdo con el organismo internacional, lo que permitió que el gobierno de EE.UU. enviara un avión con 1.500 millones de dólares (a modo de adelanto al crédito del FMI). El día anterior, el Poder Legislativo había aprobado el texto legal que reprogramaba a tres años la devolución de los depósitos a plazo fijo de los bancos República e Hipotecario, y creaba el Fondo de Estabilidad del sistema bancario.

El lunes 5 de agosto los bancos reabrieron, salvo cuatro instituciones privadas que fueron suspendidas: el Banco Comercial, el Banco Montevideo, el Caja Obrera, y el Banco de Crédito y la Cooperativa CAYCU. Ninguno de ellos contaba el capital suficiente como para retomar la actividad.

Igualmente, en el correr de los días fueron liberadas las cuentas a la vista (cuentas corrientes y caja de ahorros) de estos bancos y a partir de entonces se inició una camino de negociación para reabrir estas instituciones.

A recuperar el sistema

Para la reapertura de los cuatro bancos suspendidos, el primer paso adoptado por el gobierno fue la contratación de una empresa consultora que analizaría la viabilidad de salida en cada institución.

En setiembre y en octubre se multiplicaron los anuncios de propuestas de salida: accionistas internacionales interesados, la compra por parte de los ahorristas de parte de las acciones de cada banco e incluso, la formación de un banco de fomento municipal propuesto por el intendente de Montevideo, Mariano Arana. Éste fue el período de mayor incertidumbre, ya que en ninguna de estas direcciones hubo avances significativos.

Finalmente, un planteo de salida cobró fuerza: se fusionarían los bancos Comercial, Montevideo y Caja Obrera, y el Banco de Crédito saldría por separado gracias al interés de uno de los accionistas, Saint George Ltd. (propiedad del grupo empresarial del reverendo sur coreano Sung Myung Moon), en capitalizarlo y el aporte de los ahorristas de la institución.

En noviembre, el presidente Batlle inició una carrera de contactos políticos para asegurarse que la salida tuviera un amplio respaldo legislativo. Luego de reunirse con el líder del Foro Batllista, Julio María Sanguinetti, con el presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle y con Tabaré Vázquez, líder del Frente Amplio, el presidente envío la iniciativa al Parlamento a principios de diciembre.

A pesar de las objeciones de algunos analistas económicos, el proyecto tuvo muy buena acogida en el Poder Legislativo y fue finalmente aprobado por todas las bancadas el 26 de diciembre.

Además de establecer la liquidación y posterior fusión de los tres bancos ya mencionados, el texto legal otorga al Banco Central poderes adicionales en el proceso de liquidación de las instituciones y genera una especie de seguro de paro para los trabajadores bancarios que queden fuera del sistema.

En principio, se prevé que el Nuevo Banco Comercial (producto de la fusión) trabaje con 750 funcionarios (unos 1.000 trabajadores menos de los que tenían el Comercial, el Montevideo y el Caja Obrera juntos) y que el Banco de Crédito deba negociar con sus trabajadores una reducción del personal para poder reabrir.

A partir de la promulgación de la ley y hasta el momento, continúan las negociaciones prácticas para la reapertura de los bancos, que se prevé tenga lugar en las próximas semanas. El Nuevo Banco Comercial, que contará con un capital inicial de 190 millones de dólares, trabaja en la unificación de las redes informáticas y negocia con la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) quiénes serán los funcionarios absorbidos.

Por otra parte, los ahorristas a plazo fijo, que contribuirán con un 30% de sus depósitos en la capitalización del nuevo banco, negocian con el BCU el pago de los intereses generados desde la suspensión hasta el momento y su participación en el control del nuevo banco.

En el Banco de Crédito, se están dando pasos similares. Los ahorristas contribuirán con un 20% de sus depósitos y la devolución del resto sería reprogramada en tres o cuatro años.

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